El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Ing. Paul Sarubbi, advirtió que la situación financiera del sector de la construcción se ha vuelto crítica debido al aumento sostenido de la deuda del Estado, el acceso cada vez más limitado al crédito y un presupuesto 2026 que, según afirma, resulta “inviable” para sostener la ejecución de obras públicas.
Sarubbi reconoció que la preocupación por el pago de aguinaldos es real, especialmente entre proveedores y contratistas que trabajan exclusivamente en obras públicas. “Difícilmente las empresas constructoras dejen de pagar el aguinaldo, pero hoy muchas dependen de créditos bancarios que ya están llegando a su límite”, afirmó.
Agregó que la situación se vuelve aún más delicada para las firmas más pequeñas. “Hay empresas proveedoras ya sin acceso a crédito que no saben de dónde sacar los fondos para cumplir con el aguinaldo”, señaló.
Una deuda que vuelve a los USD 200 millones
Según Sarubbi, la deuda del Estado con las empresas constructoras volvió a ubicarse alrededor de los USD 200 millones. “La deuda del Estado con el sector vuelve a rondar los USD 200 millones. Cada mes entran más certificados de obra de lo que se paga”, explicó.
El problema, asegura, es estructural: “Este año la deuda fue creciendo porque el ritmo de pago es menor al ritmo de ejecución”.
El reciente pago de USD 40 millones por parte del MOPC fue valorado, pero lo consideró insuficiente ante el volumen acumulado. “Los USD 40 millones que pagó el MOPC ayudaron, pero no son suficientes; en diciembre debería haber un desembolso de por lo menos el doble, para empezar a bajar la deuda acumulada”.
El análisis presupuestario para 2026 encendió aún más las alarmas del gremio. Para Sarubbi, el proyecto aprobado en general en la Cámara de Senadores durante la sesión del jueves, no se ajusta a las necesidades reales.
“Las obras en ejecución demandarán cerca de USD 800 millones, pero el presupuesto solo prevé USD 570 millones”, sostuvo. De ese total, apenas USD 400 millones están destinados a obras en ejecución, lo que deja un hueco financiero difícil de cubrir. “De esos USD 570 millones, apenas USD 400 millones son para obras en ejecución. A la situación del 2026 se le sumaría lo que pase de deuda del 2025”, expresó.
La consecuencia inmediata es el agotamiento del sistema financiero para las constructoras: “Muchas empresas ya alcanzaron el tope de su línea de crédito. El presupuesto presentado es inviable para sostener financieramente al sector”.
Desaceleración en toda la cadena
El impacto del atraso en los pagos no se limita a las empresas que construyen carreteras o puentes; se extiende a toda la cadena de valor. “La venta de materiales para obras del Estado cayó y hay una desaceleración importante en toda la cadena de la construcción”, advirtió, en entrevista con la 1080 AM.
La falta de liquidez obliga a las empresas a tomar decisiones difíciles: “Si los certificados llegan desfasados, las empresas deben elegir: pagar salarios y aguinaldos o seguir la obra”.
El gremio señala que los intereses acumulados por los atrasos ya superan los USD 110 millones. “Los intereses ya facturados al sistema financiero superan los USD 110 millones. Las empresas no tienen cómo recuperar esos costos”.
¿Paralización? No aún, pero sí un impacto visible
Consultado sobre la posibilidad de un freno generalizado, Sarubbi prefirió ser cauto pero realista. “Hablar de paralización total es un título fuerte, pero el impacto ya existe y varias empresas están reduciendo frentes de obra”.
Recordó que la construcción moviliza a miles de trabajadores directos e indirectos: “Detrás de cada obra hay cientos de proveedores y trabajadores; si no entra el crédito, el círculo vicioso lleva al quiebre”.
Un sistema financiero que no cierra
El presidente de Cavialpa señaló que el problema central es la estructura financiera sobre la que operan las constructoras: adelantan costos, pagan impuestos, compran materiales y desembolsan salarios mucho antes de cobrar.
“Las empresas pagan IVA, materiales y salarios antes de cobrar; eso obliga a endeudarse y pagar intereses no previstos”, dijo y advirtió que, si los beneficios desaparecen, pierde sentido seguir operando porque “los equipos cuestan cientos de miles de dólares y quedan parados”.
“Una tormenta perfecta”
Sarubbi concluyó con una reflexión sobre el impacto macroeconómico de la situación. “Paraguay necesita infraestructura, pero limitar la inversión y atrasar pagos crea una tormenta perfecta para la construcción”, explicó.
A ello se suma un patrón que considera preocupante: “Los gastos corrientes crecen, la inversión baja y lo poco que se presupuesta tampoco se paga a tiempo”.
