El Gobierno analiza una revisión del marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal ante las dificultades para atender los compromisos acumulados del Estado.
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, señaló que el límite actual de déficit fiscal del 1,5% del PIB resulta insuficiente para el escenario vigente y adelantó que el déficit podría cerrar en 3,2% del PIB en 2026 y alcanzar 3,9% en 2027.
Según explicó el ministro, la revisión busca adecuar las reglas fiscales a una realidad económica diferente a la existente cuando se sancionó la normativa, hace más de una década. A esto se suma un menor dinamismo de los ingresos tributarios: durante el primer semestre, crecieron 2,4%, por debajo del 8,5% previsto inicialmente.
La deuda con constructoras, todavía un desafío
Uno de los puntos que genera especial atención para el sector de la construcción es la acumulación de compromisos con empresas proveedoras y constructoras. Lovera reconoció la presión existente sobre las cuentas públicas y señaló que el Gobierno continúa generando flujos de pago para reducir progresivamente las obligaciones pendientes.
El ministro indicó que la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se redujo considerablemente, pese a que la cartera continúa recibiendo provisiones y avances de obras. No obstante, la situación de las obligaciones pendientes con el sector constructor continúa siendo un factor relevante para la sostenibilidad financiera de las empresas y para el ritmo de ejecución de los proyectos de infraestructura.
De acuerdo con los datos citados por el MEF, la deuda flotante del Estado cerró en USD 1.270 millones al 31 de diciembre de 2025, cifra que el Gobierno busca gestionar mediante un esquema de pagos progresivos.
Para el sector de la construcción, avanzar en la cancelación de estos compromisos resulta clave no solo para fortalecer la previsibilidad financiera de las empresas, sino también para garantizar la continuidad de las obras, sostener el empleo y preservar la capacidad de inversión de las compañías que ejecutan infraestructura pública.
En este contexto, la discusión sobre el nuevo marco fiscal adquiere especial importancia para el sector, ya que la disponibilidad de recursos y la regularización de las obligaciones pendientes serán determinantes para mantener el ritmo de inversión en infraestructura durante los próximos años.
