El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), Paul Sarubbi, estimó que el monto de intereses generados por los atrasos del Estado en el pago a empresas contratistas se reducirá de unos US$ 100 millones a aproximadamente US$ 60 millones.

Esta reducción será posible tras la sanción de la ley que habilita la disponibilidad presupuestaria para cancelar esos compromisos con una tasa del 9,9%.

Sarubbi explicó que la deuda por intereses se arrastra desde 2024 y que los contratos de obra ya preveían intereses contractuales superiores a los que efectivamente se desembolsarán. La propuesta del Estado consistió en que las empresas se adecuaran a una tasa que el sector público pudiera afrontar, por debajo del 10%.

Sobre los alcances de lo aprobado por el Congreso, el titular del gremio aclaró que el proyecto no fija un tope, aunque la aprobación se realizó sobre la base de un listado con el detalle de la deuda de intereses de cada empresa. “Cada guaraní tiene nombre y apellido”, señaló, y remarcó que el monto habilitado resulta bastante menor a lo que se adeudaba por ese concepto.

El dirigente indicó que la principal preocupación del sector era la ausencia de una salida a corto y mediano plazo para esa deuda. A partir de las reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, el Estado presentó una propuesta de pago orientada a llegar a fin de año con valores manejables para las empresas, mediante desembolsos mensuales por encima del monto de los certificados que ingresan cada mes.

“Se comprometió a ir pagando mes a mes un poco más de lo que se metía de certificado”, explicó Sarubbi, y agregó que el compromiso se cumplió en todos los meses transcurridos. Aunque la deuda persiste, el gremio confía en que el esquema se sostenga hasta diciembre. Ese ordenamiento otorga previsibilidad al sector y permitió a las empresas negociar con sus acreedores y armar planes de pago.

Respecto de las diferencias entre tasas, Sarubbi precisó que cada contrato tiene una tasa distinta, ligada a las curvas que emite el Banco Central del Paraguay (BCP), con casos que se ubican en 12%, 14% o 16%. Señaló que el 90% de los contratos se sitúa entre 14% y 16%, frente al 9,9% que establece la ley.

En ese marco, planteó la necesidad de avanzar hacia pliegos normalizados. “Lo ideal sería que haya pliegos normalizados para las licitaciones, que siempre tengamos la misma fórmula de reajuste”, sostuvo, al tiempo de señalar que esas condiciones deberían estudiarse en conjunto entre el sector público y los gremios, tomando como referencia los costos financieros reales que afrontan las empresas.

El Gobierno analiza una revisión del marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal ante las dificultades para atender los compromisos acumulados del Estado. 

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, señaló que el límite actual de déficit fiscal del 1,5% del PIB resulta insuficiente para el escenario vigente y adelantó que el déficit podría cerrar en 3,2% del PIB en 2026 y alcanzar 3,9% en 2027.

Según explicó el ministro, la revisión busca adecuar las reglas fiscales a una realidad económica diferente a la existente cuando se sancionó la normativa, hace más de una década. A esto se suma un menor dinamismo de los ingresos tributarios: durante el primer semestre, crecieron 2,4%, por debajo del 8,5% previsto inicialmente.

La deuda con constructoras, todavía un desafío

Uno de los puntos que genera especial atención para el sector de la construcción es la acumulación de compromisos con empresas proveedoras y constructoras. Lovera reconoció la presión existente sobre las cuentas públicas y señaló que el Gobierno continúa generando flujos de pago para reducir progresivamente las obligaciones pendientes.

El ministro indicó que la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se redujo considerablemente, pese a que la cartera continúa recibiendo provisiones y avances de obras. No obstante, la situación de las obligaciones pendientes con el sector constructor continúa siendo un factor relevante para la sostenibilidad financiera de las empresas y para el ritmo de ejecución de los proyectos de infraestructura.

De acuerdo con los datos citados por el MEF, la deuda flotante del Estado cerró en USD 1.270 millones al 31 de diciembre de 2025, cifra que el Gobierno busca gestionar mediante un esquema de pagos progresivos.

Para el sector de la construcción, avanzar en la cancelación de estos compromisos resulta clave no solo para fortalecer la previsibilidad financiera de las empresas, sino también para garantizar la continuidad de las obras, sostener el empleo y preservar la capacidad de inversión de las compañías que ejecutan infraestructura pública.

En este contexto, la discusión sobre el nuevo marco fiscal adquiere especial importancia para el sector, ya que la disponibilidad de recursos y la regularización de las obligaciones pendientes serán determinantes para mantener el ritmo de inversión en infraestructura durante los próximos años.

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que autoriza un préstamo de hasta USD 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

Los recursos permitirán intervenir caminos rurales y construir nuevos puentes en siete departamentos: Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá, Caaguazú, San Pedro, Concepción e Itapúa. El programa contempla obras destinadas a mejorar la transitabilidad durante todo el año, reducir los costos de transporte y fortalecer la conexión entre las comunidades rurales y los principales corredores productivos.

Entre las intervenciones previstas se encuentran aproximadamente 150 kilómetros de caminos rurales y 11 puentes, que en conjunto alcanzarán unos 315 metros lineales y beneficiarán a más de 500.000 personas. Una parte importante de las obras se concentrará en Caaguazú, departamento que recibirá cerca de la mitad de las intervenciones contempladas en el programa.

La aprobación de este financiamiento representa una oportunidad para avanzar en la reducción de las brechas de infraestructura vial que persisten en las zonas rurales, donde la calidad de los caminos tiene un impacto directo sobre el traslado de personas, el acceso a servicios y, especialmente, la salida de la producción hacia los mercados.

Para el sector de la construcción, la incorporación de nuevos recursos destinados a infraestructura vial también representa un impulso a la actividad y a la generación de oportunidades para empresas contratistas, particularmente en proyectos de conectividad que requieren soluciones adaptadas a las características de cada región.

El desafío ahora estará en avanzar con la promulgación y posterior implementación del programa, de modo que el financiamiento se traduzca en obras concretas y en una mejora sostenible de la conectividad rural del país. El proyecto pasó a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación.

Ante las intensas precipitaciones registradas en el sur del país, se reforzaron los trabajos de mantenimiento y recuperación de los caminos afectados en el departamento de Ñeembucú, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y sostener la conectividad de las comunidades de la zona.

Las intervenciones se concentran en los sectores más afectados por las condiciones climáticas, donde los equipos y maquinarias realizan tareas orientadas a recuperar la transitabilidad de los caminos y responder de manera rápida ante los deterioros ocasionados por las lluvias.

En Pilar y otros puntos del departamento, el mantenimiento de la red vial adquiere especial relevancia debido a las características del terreno y a la incidencia que tienen las precipitaciones sobre los caminos. La intervención oportuna permite reducir las dificultades para el desplazamiento de personas, el transporte de productos y el acceso a servicios esenciales.

Bajo la gestión del Consorcio Ñeembucú —conformado por las firmas LT S.A., Constructora Heisecke S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A.— se llevan adelante las tareas de mantenimiento y reparación vial contempladas en el proyecto.

El Centro Paraguayo de Minería (CPM) organizó la 8va. edición del “Curso de Explosivistas del Paraguay”, dictado por especialistas de la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL), con el apoyo del Socio Proveedor TRACTORFOZ, quien ofreció sus instalaciones para la realización de la capacitación.

La formación, de carácter teórico-práctico, desarrollada los días 11, 12 y 13 del corriente, siendo dictada la parte teórica los 2 primeros días, mientras que el día 13 se llevó a cabo la parte práctica dentro de una cantera ubicada en Mbocayaty del Guairá específicamente en la localidad de Tacuarita. 

El curso reunió a 15 participantes del sector minero, quienes se capacitaron en el manejo seguro de explosivos y en técnicas de voladura aplicadas a la actividad extractiva.

El programa abarcó temas fundamentales como:

• Tipos y composición química de explosivos
• Cálculos y dimensionamiento para bancos de detonación
• Normativas sobre almacenamiento y transporte
• Requisitos legales y documentación obligatoria

Con este tipo de iniciativas, el CPM continúa impulsando la profesionalización del sector minero paraguayo, en alianza con empresas referentes como TRACTORFOZ, que pone a disposición su infraestructura para la formación técnica de los trabajadores del rubro.

LiuGong continúa consolidando su presencia en el mercado paraguayo de maquinaria pesada, de la mano de TARGET S.A., su representante en el país. Con cobertura a nivel nacional, la marca acompaña proyectos vinculados a la construcción, infraestructura, movimiento de suelo, agricultura y otras actividades productivas.

La amplia gama de equipos de LiuGong está orientada a responder a diferentes condiciones y exigencias de trabajo, con soluciones que combinan versatilidad, desempeño y confiabilidad. Esta capacidad le permite atender las necesidades de empresas y operadores que requieren maquinaria preparada para trabajos de alta exigencia.

La presencia de la marca adquiere especial relevancia en el norte del país, donde sus equipos acompañan el crecimiento de diversas operaciones y proyectos productivos. La disponibilidad de maquinaria adaptada a distintos tipos de tareas permite fortalecer la capacidad operativa en zonas donde la infraestructura y la producción demandan equipos robustos y eficientes.

A la provisión de maquinaria se suma el respaldo de TARGET S.A. mediante servicios de posventa, disponibilidad de repuestos originales y asistencia técnica especializada. Este acompañamiento busca garantizar el rendimiento y la continuidad operativa de los equipos durante toda su vida útil.

Con una cobertura que se extiende por todo el territorio nacional, LiuGong continúa fortaleciendo su posicionamiento en Paraguay como una alternativa para empresas que buscan incorporar tecnología y productividad a sus operaciones, respaldadas por un servicio técnico cercano y soluciones orientadas al trabajo pesado.

El Poder Ejecutivo anunció que pedirá al Congreso elevar el límite de déficit fiscal en el Presupuesto General de la Nación 2027, con el objetivo de cancelar las obligaciones acumuladas con proveedores del Estado. El plan de convergencia presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas proyecta cerrar 2026 con un déficit de 3,2% del PIB, pasar a 3,9% en 2027 y retornar en 2028 al 1,5% que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Cavialpa planteó esa salida en marzo de este año, cuando la deuda con las empresas del sector superaba los USD 400 millones y las obras entraban en ralentización. El presidente del gremio analiza el alcance de la decisión.

¿Cómo recibe el sector vial el anuncio del Ejecutivo?

Lo recibimos bien. Es la decisión que veníamos pidiendo y le reconocemos al Gobierno el haberla tomado. Transparentar el nivel real de deuda y darle al Estado el margen legal para honrar sus compromisos es lo que ordena el sistema. Durante meses trabajamos con un presupuesto que no alcanzaba y con un tope que impedía pagar incluso lo que ya estaba certificado y verificado. Eso ahora tiene una salida.

Cavialpa fue el primer gremio en plantear esta alternativa.

La planteamos en marzo, cuando presentamos nuestro análisis sobre el origen de la deuda. Nosotros mostramos que el problema no era de recursos disponibles: había créditos multilaterales ya aprobados que no se podían usar porque el tope los bloqueaba. Propusimos elevar el tope de déficit, precisamente para poder utilizar esos recursos y regularizar los pagos. Que hoy el Ejecutivo tome ese camino confirma que el diagnóstico técnico del sector era correcto.

¿Qué cambia concretamente para las obras?

Cambia el ritmo. Una obra ralentizada no es una obra detenida, pero tampoco es una obra que avanza. La empresa va eligiendo qué hacer y qué no hacer, estira los plazos, achica frentes de trabajo. Con previsibilidad de pago, la empresa vuelve a movilizar equipos, vuelve a contratar y vuelve a comprometerse con un cronograma. Cada obra vial genera un promedio de 250 empleos directos. Multiplicá eso por los proyectos que hoy están a media máquina y tenés la dimensión de lo que está en juego.

El gremio insiste mucho en que la infraestructura es más que la obra en sí.

Porque lo es. El 85% de los caminos del Paraguay todavía son de tierra. Detrás de cada uno de esos caminos hay un chico que no llega a la escuela cuando llueve, hay una ambulancia que no entra, hay un productor que no saca su cosecha. La infraestructura toca salud, educación, empleo, vivienda y seguridad. Cuando hablamos de honrar los compromisos con las empresas, hablamos de que la obra llegue a la gente. Ese es el punto. Un certificado impago es una ruta que no se termina.

¿Cómo responde el sector a quienes ven la ampliación del tope como un retroceso fiscal?

La deuda ya existía. No se creó con esta decisión: se creó cuando se dejó de ejecutar el presupuesto para cumplir una meta contable. En 2025 se presupuestaron cerca de USD 690 millones para el sector vial y se desembolsaron USD 440 millones. La diferencia no desapareció, se convirtió en mora y en intereses que el Estado paga igual, y más caros. Reconocerla en un presupuesto 2027, acorde a las necesidades de infraestructura del país, es el paso responsable y en este proceso de construcción del plan de gastos debe estar involucrado también el sector privado. 

¿Qué queda por resolver?

La calidad del gasto. El margen adicional tiene que administrarse con criterio, revisando gastos innecesarios y optimizando el uso de cada guaraní. Y necesitamos que esto se convierta en política de Estado, no en una medida de coyuntura. El país precisa sostener un ritmo de inversión en infraestructura del orden del 4% del PIB de manera continua, con reglas claras para que los compromisos no se vuelvan a acumular. 

¿El sector acompaña el proceso en el Congreso?

Cavialpa va a estar donde tenga que estar. Aportamos los números, la experiencia de las empresas y la lectura técnica que venimos haciendo desde el primer día. Esta discusión no es del sector vial, es del país. Nosotros la vamos a acompañar con la misma seriedad con la que la planteamos.

El sector de obras atraviesa un escenario de expectativas positivas impulsado por la continuidad de las inversiones, aunque todavía enfrenta importantes desafíos relacionados con la liquidez de las empresas que ejecutan obras públicas. Así lo señaló Gustavo Masi, directivo de la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA).

Masi describió que el sector cuenta con una importante cartera de proyectos y buenas perspectivas de inversión, mientras muchas empresas continúan enfrentando dificultades financieras. “Existen expectativas positivas y una importante cartera de proyectos en desarrollo, pero las dificultades financieras continúan afectando al sector”, expresó durante la entrevista.

Asimismo destacó que la continuidad de las inversiones impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contribuyó a fortalecer la confianza del sector y señaló que la inyección de recursos registrada entre abril y mayo permitió sostener la ejecución de varias obras viales, incrementar la cartera de pedidos y mejorar las perspectivas de empleo, generando un escenario más favorable para las empresas.

No obstante, advirtió que el principal desafío sigue siendo financiero. “La estabilidad financiera de las empresas sigue siendo el principal desafío para el sector en el corto plazo”, afirmó, al insistir en la necesidad de avanzar en mecanismos que otorguen mayor previsibilidad a las contratistas y permitan acompañar el crecimiento de la infraestructura con un flujo de pagos más eficiente.

Masi también resaltó el interés que despiertan los nuevos proyectos de infraestructura, tanto en organismos multilaterales como en potenciales inversores, y sostuvo que mantener un ritmo sostenido de inversiones será clave para reducir el déficit de infraestructura del país, fortalecer la competitividad y generar más empleo. En ese contexto, reiteró que la coordinación entre el sector público y privado seguirá siendo determinante para consolidar el desarrollo de nuevas obras en Paraguay.

La Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA) participó de una nueva reunión quincenal de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), un espacio de coordinación que continúa consolidándose como una herramienta clave para fortalecer la articulación entre el sector público y privado.

Durante la jornada, representantes de ambas instituciones analizaron temas de alta relevancia para la ejecución de los contratos de obras públicas, entre ellos el reajuste de precios, la aplicación y el monitoreo de la Ley N.° 7021, los plazos de gestión de los procesos administrativos y la necesidad de unificar criterios para brindar mayor previsibilidad a las empresas constructoras.

La agenda también incluyó el análisis de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría General de la República (PGR) en materia de reajustes, la aplicación de las fórmulas de actualización de precios, el manual de procedimientos vigente, la coordinación entre la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el MOPC, así como los mecanismos y criterios utilizados para la presentación de reajustes y la elaboración de los boletines correspondientes.

Este espacio de trabajo permanente permite identificar oportunidades de mejora, promover criterios técnicos comunes y agilizar los procesos vinculados a la ejecución de las obras públicas. Asimismo, fortalece la transparencia y la seguridad jurídica en la administración de los contratos, aspectos fundamentales para garantizar la continuidad de las inversiones en infraestructura.

Para CAVIALPA, el diálogo institucional y la búsqueda de soluciones conjuntas constituyen pilares esenciales para impulsar un sistema de contratación más eficiente, previsible y sostenible, contribuyendo al desarrollo de obras de calidad que acompañen el crecimiento económico y la competitividad del Paraguay.

La Fase B de la Defensa Costera de Pilar continúa avanzando a buen ritmo con frentes de trabajo simultáneos en distintos puntos de la ciudad, consolidando una de las inversiones más importantes en infraestructura sanitaria y pluvial para el departamento de Ñeembucú. 

Uno de los principales avances se registra en el predio donde se construirá la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), donde actualmente se ejecuta el terraplén hasta alcanzar la cota prevista para su implantación y se prepara el acceso definitivo al complejo. Esta infraestructura será clave para el tratamiento adecuado de los efluentes y el fortalecimiento del sistema de saneamiento de la ciudad.

En paralelo, las obras continúan en diferentes cuencas urbanas. En la cuenca 12 de Octubre se instala una nueva cañería de agua potable que reemplazará a la existente sobre la calle 14 de Mayo, mientras que en la cuenca Colinas prosiguen los cruces de calles para garantizar la continuidad del sistema de drenaje y optimizar la evacuación de las aguas de lluvia. Asimismo, avanzan la construcción de registros, la colocación de tuberías y la gestión de interferencias, como parte de las acciones para mitigar los efectos de las precipitaciones.

El proyecto también contempla la ampliación de la red de alcantarillado sanitario mediante la remoción y reposición de pavimentos, excavación de zanjas, instalación de tuberías, relleno compactado y conexiones domiciliarias con registros de inspección. Estas intervenciones se desarrollan en los barrios Juan Pablo II, San Vicente, Villa Paso, San Rafael, San Isidro, Mbocayaty, San José, Ytororó, Colinas y Aurora, y próximamente se extenderán a las cuencas Conavi, San Lorenzo 2 y Manufactura.

Otro punto estratégico de la obra es la Estación de Bombeo 11, ubicada en el barrio Colinas, donde actualmente se realizan excavaciones para alcanzar la profundidad establecida en el diseño. Posteriormente se ejecutarán los encofrados, las armaduras de acero y el hormigonado del pozo húmedo, elementos fundamentales para el funcionamiento del sistema de impulsión de aguas residuales.

La ejecución está a cargo del Consorcio Sanitario Ñeembucú, integrado por LT S.A., Constructora Heisecke S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A., empresas socias de CAVIALPA.