Hasta el momento no existe ningún avance concreto en la reglamentación del mecanismo financiero propuesto para destrabar pagos pendientes a empresas contratistas del Estado. Pese a que la herramienta requiere la coordinación entre el Gobierno, las constructoras y las entidades bancarias, ni los gremios ni los bancos fueron convocados a una reunión para avanzar en su implementación.
La propuesta plantea que los bancos adelanten a las constructoras el pago de los certificados de obra, mientras que el Estado cancelaría posteriormente esa deuda con las entidades financieras en un plazo aproximado de tres años, según explicó el Ing. Paul Sarubbi, presidente de Cavialpa, a la 970 AM.
De esta manera, las empresas podrían recibir los recursos necesarios para continuar con los trabajos, mientras que el Gobierno tendría margen para calendarizar sus pagos. Además, al tratarse de una deuda soberana, la tasa de interés sería menor que la que enfrentan actualmente las firmas privadas.
Desde el sector se advierte que la situación financiera es cada vez más crítica. Muchas empresas ya agotaron sus líneas de crédito con bancos y proveedores, lo que limita la continuidad de las obras.
En este contexto, al menos siete proyectos ya solicitaron la suspensión temporal de actividades por falta de cobro, mientras que otros continúan con un ritmo de ejecución más lento debido a la reducción de personal, equipos y frentes de trabajo.
A la par, los gremios trabajan en la elaboración de un informe para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las necesidades presupuestarias del sector, con el objetivo de que el presupuesto de 2026 se ajuste a la cantidad de obras actualmente en ejecución.
El problema trasciende más allá de las empresas y afecta a toda la cadena productiva vinculada a la construcción, que involucra a miles de trabajadores, proveedores de materiales y prestadores de servicios. “No se trata solo de que un empresario cobre o no su certificado. Hay empresas con 20, 30 o hasta 50 años de trayectoria que hoy están entrando en convocatoria de acreedores”, puntualizó el presidente de Cavialpa.
Si bien reconocen que la ministra de Obras Públicas mantiene gestiones con el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo y el Congreso para buscar una salida, los empresarios aseguran que hasta ahora no existe una solución concreta a corto plazo para una crisis que ya comienza a paralizar obras en distintos puntos del país.
