El monto estimado de intereses generados por los atrasos del Estado en el pago a empresas contratistas se reduciría de unos US$ 100 millones a aproximadamente US$ 60 millones, según explicó Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa).
Sarubbi señaló que la reducción representa un alivio importante, aunque remarcó que persisten desafíos vinculados a las condiciones financieras que enfrentan las empresas constructoras cuando deben sostener la ejecución de las obras pese a los retrasos en los pagos.
El titular del gremio explicó que las tasas de interés aplicadas a los contratos varían según cada caso y pueden ubicarse en torno al 12%, 14% o 16%, de acuerdo con las curvas de tasas emitidas por el Banco Central del Paraguay (BCP). En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia pliegos de licitación normalizados, con fórmulas de reajuste y tasas de interés uniformes y previamente acordadas.
“Lo ideal sería que haya pliegos normalizados para las licitaciones, que siempre tengamos la misma fórmula de reajuste y la misma tasa de intereses”, sostuvo Sarubbi, al tiempo de señalar que estas condiciones deberían analizarse conjuntamente entre el sector público y los gremios, tomando como referencia los costos financieros reales que afrontan las empresas.
El costo financiero de mantener las obras en marcha
Uno de los principales puntos planteados por Sarubbi fue el impacto que generan los atrasos de pago sobre el flujo financiero de las constructoras. Explicó que, para evitar la paralización de los proyectos, las empresas deben recurrir a créditos bancarios para cumplir con sus proveedores y mantener el ritmo de ejecución.
“Para poder seguir trabajando en las obras, tenemos que sacar créditos en los bancos para poder pagarles a nuestros proveedores y que las obras no paren”, explicó.
A esto se suma que los propios proveedores aplican intereses cuando reciben sus pagos fuera de plazo, generando un efecto financiero que termina trasladándose a toda la cadena de ejecución de las obras.
Sarubbi cuestionó, en este contexto, que una tasa del 9,9% pueda resultar insuficiente para compensar los costos que efectivamente afrontan las empresas. “La tasa de 9,9% es inferior a la tasa que le pagamos nosotros a los proveedores”, afirmó.
