El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el déficit fiscal de la Administración Central se ubicó en 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del primer semestre de 2026, equivalente a G. 4,7 billones.
Si bien el resultado refleja un incremento del gasto público para atender compromisos sociales y obligaciones pendientes, el informe destaca avances en la regularización de pagos vinculados a la inversión pública, un aspecto especialmente relevante para las empresas constructoras.
De acuerdo con el reporte oficial, la inversión pública alcanzó G. 3 billones durante los primeros seis meses del año, registrando un crecimiento del 3,3% respecto al mismo período de 2025. El principal impulsor de este desempeño fue el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya ejecución aumentó 22,6% gracias a la regularización de pagos pendientes a contratistas.
Para el sector de la construcción es un proceso positivo, ya que permite reducir el volumen de obligaciones atrasadas que generaron importantes costos financieros para las empresas. Los retrasos en los desembolsos estatales no solo afectan el flujo de caja de las contratistas, sino que también derivan en el pago de intereses moratorios por parte del Estado, incrementando el costo final de las obras públicas y comprometiendo la capacidad de las empresas para sostener inversiones, empleo y nuevos proyectos.
En ese contexto, la reciente aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que autoriza al MEF a realizar el pago de intereses moratorios a contratistas se complementa con la política de regularización de obligaciones reflejada en el informe fiscal. Ambas medidas apuntan a normalizar la relación financiera entre el Estado y las empresas ejecutoras de infraestructura, brindando mayor previsibilidad al sector.
Desde la perspectiva del sector, la continuidad del proceso de regularización de pagos constituye un paso fundamental para recuperar la confianza, reducir litigios y evitar que la acumulación de intereses moratorios siga encareciendo la ejecución de los proyectos de infraestructura que el país necesita.
