Las principales gremiales vinculadas al sector de infraestructura advirtieron sobre la crítica situación financiera generada por la deuda que el Estado mantiene con empresas que ejecutan obras públicas.
La Cámara Vial Paraguaya, la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción y la Cámara Paraguaya de Consultores manifestaron su profunda preocupación ante lo que califican como una situación “grave e insostenible”. A través de un pronunciamiento conjunto, sostienen que los retrasos en los pagos han llevado a numerosas empresas del sector a una condición de quiebra técnica, ya que los desembolsos parciales que se realizan actualmente no alcanzan siquiera para cubrir los costos financieros asumidos para sostener las obras encargadas por el propio Estado.
“El Estado no puede financiarse a costa de las empresas que construyen la infraestructura del país”, señalaron las organizaciones.
El impacto no se limita a las constructoras. La falta de pago también afecta a proveedores y subcontratistas, deteriora la cadena de pagos, destruye empleo formal y compromete la continuidad de proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo del país.
Déficit proyectado para el sector
Desde los gremios estiman que el Presupuesto aprobado para 2026 asciende a USD 570 millones, mientras que la deuda acumulada, junto con los intereses, alcanza unos USD 360 millones. A esto se suman obras comprometidas para 2026 por aproximadamente USD 800 millones, lo que arroja un déficit real estimado de USD 590 millones.
Este panorama refleja principalmente la situación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), aunque también existen deudas pendientes por certificados de avance de obras e intereses en otras instituciones públicas.
Riesgo de un “default interno”
Las organizaciones advierten que Paraguay no puede aspirar a consolidarse como un destino confiable para la inversión mientras incurre en lo que describen como una suerte de “default selectivo” sobre sus obligaciones internas.
Los inversores no solo observan el grado de inversión o los indicadores macroeconómicos, sino también factores como la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y la calidad de la infraestructura disponible para desarrollar proyectos productivos.
Cuando el Estado incumple sus compromisos con el sector que construye esa infraestructura —agregan— también debilita las bases reales del crecimiento económico.
Inversión en infraestructura y responsabilidad fiscal
Las gremiales señalan que es un error equiparar el gasto corriente improductivo con la inversión en infraestructura, que constituye un motor directo de desarrollo económico, generación de empleo y crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Si bien la legislación vigente establece para 2026 un tope de déficit fiscal del 1,5 %, alcanzar esa meta trasladando implícitamente el costo de financiamiento a los proveedores del Estado, especialmente al sector de la construcción, no resulta consistente con una política fiscal equilibrada.
En ese sentido, sostienen que las metas fiscales deben lograrse mediante una revisión integral de la eficiencia del gasto público, evitando debilitar al sector productivo y convertir a las empresas que ejecutan infraestructura en financistas involuntarios del Estado.
Propuestas para enfrentar la crisis
Ante este escenario, los gremios plantean una serie de medidas urgentes. Entre ellas, la utilización de recursos provenientes de convenios internacionales para cancelar obligaciones pendientes en los proyectos correspondientes.
Asimismo, proponen la ampliación del Presupuesto General de la Nación 2026, adecuándolo a las verdaderas necesidades financieras del sector infraestructura, con el objetivo de que el Estado cumpla los compromisos asumidos, independientemente del origen de los fondos.
Finalmente, recalcan que honrar los contratos es fundamental para el desarrollo del país. “Paraguay no puede permitirse un default selectivo”, advirtieron, al tiempo de insistir en que la deuda interna debe ser atendida con la misma prioridad que la deuda externa.
La seguridad jurídica, el empleo y el desarrollo económico dependen de que el Estado cumpla, sin dilaciones, todos los contratos institucionalmente firmados.
