El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), Paul Sarubbi, estimó que el monto de intereses generados por los atrasos del Estado en el pago a empresas contratistas se reducirá de unos US$ 100 millones a aproximadamente US$ 60 millones.
Esta reducción será posible tras la sanción de la ley que habilita la disponibilidad presupuestaria para cancelar esos compromisos con una tasa del 9,9%.
Sarubbi explicó que la deuda por intereses se arrastra desde 2024 y que los contratos de obra ya preveían intereses contractuales superiores a los que efectivamente se desembolsarán. La propuesta del Estado consistió en que las empresas se adecuaran a una tasa que el sector público pudiera afrontar, por debajo del 10%.
Sobre los alcances de lo aprobado por el Congreso, el titular del gremio aclaró que el proyecto no fija un tope, aunque la aprobación se realizó sobre la base de un listado con el detalle de la deuda de intereses de cada empresa. “Cada guaraní tiene nombre y apellido”, señaló, y remarcó que el monto habilitado resulta bastante menor a lo que se adeudaba por ese concepto.
El dirigente indicó que la principal preocupación del sector era la ausencia de una salida a corto y mediano plazo para esa deuda. A partir de las reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, el Estado presentó una propuesta de pago orientada a llegar a fin de año con valores manejables para las empresas, mediante desembolsos mensuales por encima del monto de los certificados que ingresan cada mes.
“Se comprometió a ir pagando mes a mes un poco más de lo que se metía de certificado”, explicó Sarubbi, y agregó que el compromiso se cumplió en todos los meses transcurridos. Aunque la deuda persiste, el gremio confía en que el esquema se sostenga hasta diciembre. Ese ordenamiento otorga previsibilidad al sector y permitió a las empresas negociar con sus acreedores y armar planes de pago.
Respecto de las diferencias entre tasas, Sarubbi precisó que cada contrato tiene una tasa distinta, ligada a las curvas que emite el Banco Central del Paraguay (BCP), con casos que se ubican en 12%, 14% o 16%. Señaló que el 90% de los contratos se sitúa entre 14% y 16%, frente al 9,9% que establece la ley.
En ese marco, planteó la necesidad de avanzar hacia pliegos normalizados. “Lo ideal sería que haya pliegos normalizados para las licitaciones, que siempre tengamos la misma fórmula de reajuste”, sostuvo, al tiempo de señalar que esas condiciones deberían estudiarse en conjunto entre el sector público y los gremios, tomando como referencia los costos financieros reales que afrontan las empresas.
