Con el objetivo de modernizar las reglas que rigen las inversiones privadas en infraestructura y promover una mayor generación de empleos en el país, el presidente de la República, Santiago Peña, actualizó el decreto que reglamenta la Ley N.° 1618/2000 “De Concesiones de Obras y Servicios Públicos”.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) actualizó el Decreto N.° 11.967/2001, introduciendo ajustes normativos, institucionales y de procedimiento para fortalecer la cooperación público-privada en el desarrollo de obras estratégicas para el Paraguay.
El decreto establece que el Estado debe mejorar su gestión en obras y servicios públicos mediante una mayor concertación, regulación, desconcentración y fiscalización, promoviendo inversiones y una sinergia efectiva entre los sectores público y privado.
Entre las principales innovaciones, se permite que las entidades concedentes reciban iniciativas privadas para proyectos de infraestructura o servicios públicos, tanto en etapas de prefactibilidad como de factibilidad, dentro de un marco claro y transparente. La norma incorpora incentivos para los proponentes, como el derecho a premio en la valoración de ofertas, el derecho de tanteo y el reembolso de costos de estudios si no resultan adjudicados, reforzando la seguridad jurídica y la competitividad.
También se eleva la exigencia en la evaluación técnica, económica y ambiental, y se exige la presentación de cartas de financiamiento que garanticen la viabilidad de los proyectos, asegurando responsabilidad y transparencia.
La modernización del marco legal busca consolidar al sector privado como socio estratégico en la ejecución de obras y servicios públicos, contribuyendo al crecimiento económico y al bienestar ciudadano.
