Los principales gremios de la construcción coinciden en que el sector atraviesa una “doble realidad”: mientras la actividad privada mantiene un repunte en proyectos residenciales, corporativos e industriales, la ejecución de obras públicas se encuentra rezagada. En este contexto, resulta clave que el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 asegure recursos suficientes para infraestructura.
Desde Cavialpa, junto con la Asociación de Profesionales de la Construcción (AproCons) y la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), se advierte que una reducción en la inversión pública podría profundizar la caída de las obras estatales, incrementar la deuda con contratistas y frenar la generación de empleo, en un momento en que el dinamismo privado sostiene gran parte de la economía.
El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, recordó que Paraguay mantiene una brecha de infraestructura cercana a los USD 30.000 millones, lo que requeriría al menos USD 2.000 millones anuales en inversiones para reducirla. Sin embargo, la meta de déficit fiscal del 1,5 % limita los recursos disponibles, impactando directamente en la construcción y en toda su cadena de valor.
“El Estado debe ser más eficiente año tras año, reducir gastos corrientes y así ganar mayor margen para invertir en infraestructura”, subrayó Sarubbi.
Por su parte, Pablo Rivarola, presidente de AproCons, señaló que la deuda acumulada del Estado con las constructoras repercute en toda la industria y alertó que el ajuste presupuestario previsto para 2026 agravará esa situación.
En tanto, Raúl Constantino, presidente de Capadei, destacó que, pese a la contracción pública, el ámbito privado mantiene inversiones en proyectos de gran porte, aunque enfrenta desafíos como la falta de créditos hipotecarios accesibles, la burocracia en los trámites y los controles al movimiento de capitales, factores que podrían enfriar su crecimiento.
Para los gremios, el gran reto del Gobierno será compatibilizar la disciplina fiscal con la necesidad de sostener la inversión en infraestructura pública. Sin medidas que equilibren ambos objetivos, advierten, el riesgo es un estancamiento que afecte tanto la competitividad del país como el empleo que genera la construcción.
📌 Fuente: La Nación
