Recientemente el presidente electo, Santiago Peña, dio a conocer la designación de la futura ministra de Obras Públicas, la ingeniera Claudia Centurión. La próxima representante de la cartera declaró que sueña con un Paraguay moderno, con infraestructuras que se conecten al mundo y que buscará colocar al país en un sitial de desarrollo económico que permita que todos los paraguayos también puedan estar mejor.
La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y otros gremios respaldaron la designación de Claudia Centurión como ministra y destacaron su formación como ingeniera civil con una maestría en Ingeniería Vial, lo que la convierte en una candidata idónea para liderar el MOPC, especialmente considerando que este ministerio se enfoca principalmente en obras viales. Líderes gremiales expresaron su confianza en que Centurión utilizará sus conocimientos y experiencias para impulsar el desarrollo de infraestructuras de manera efectiva y eficiente.
“Nos entusiasma la noticia de que por primera vez estará una mujer al frente del ministerio, y le damos todo nuestro apoyo como cámara para que su gestión sea excelente”, fueron las palabras del Ing. Paul Sarubbi, presidente de Cavialpa, sobre el anuncio de la futura ministra de Obras Públicas y Comunicaciones.
Al comentar sobre los desafíos que tiene esta cartera estatal, Sarubbi hizo hincapié en la necesidad de incrementar la inversión en infraestructura. Actualmente, Paraguay destina alrededor del 2 % de su Producto Interno Bruto (PIB) a obras, una cifra considerada insuficiente para las necesidades del país. El ingeniero enfatizó que se debería aumentar esta inversión al 4 % o 5 % del PIB para impulsar el desarrollo de carreteras, sistemas de agua y saneamiento, centros de salud y redes eléctricas, generando así empleo y fomentando el crecimiento económico.
Al respecto, Sarubbi destacó la importancia de abordar la deuda que el Estado tiene con las empresas viales como uno de los principales retos que enfrentará la futura ministra. Resaltó que estas deudas generan intereses que recaen en las empresas y que, en última instancia, el Estado debería hacerse cargo de las utilidades generadas por los empréstitos.
