Las comisiones de Presupuesto y de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados recomendaron la aprobación del proyecto de ley que autoriza el pago de intereses por certificados de obra de infraestructura cuyos desembolsos no fueron realizados dentro de los plazos contractualmente establecidos.
La decisión se dio tras una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA) y la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO), quienes expusieron la situación que atraviesa el sector como consecuencia de los retrasos en los pagos.
Desde la perspectiva de las empresas constructoras y viales, el avance de esta iniciativa representa una señal positiva hacia el fortalecimiento de la seguridad jurídica y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.
El reconocimiento de los intereses de los atrasos en los pagos es un paso importante para mitigar los efectos financieros que enfrentan las empresas, que continúan sosteniendo inversiones, empleo y operaciones mientras aguardan la cancelación de certificados pendientes.
La propuesta legislativa busca establecer un mecanismo específico para reconocer los costos financieros generados por las demoras en los pagos de certificados de obra. En ese sentido, contempla la autorización para el pago de intereses moratorios correspondientes a obligaciones vencidas derivadas de contratos de infraestructura, así como la emisión de títulos de deuda pública para financiar dichos compromisos.
Tras el análisis, los legisladores coincidieron en la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto, considerando que permitirá brindar una respuesta a una situación que afecta directamente a las empresas contratistas y a la cadena de valor vinculada a la ejecución de obras públicas. La medida apunta a otorgar mayor previsibilidad financiera al sector y contribuir a la normalización de las obligaciones pendientes.
De acuerdo con lo expuesto en el proyecto, la tasa máxima de interés contemplada en el proyecto fue fijada en 9,9 % anual. Este mecanismo permitirá reconocer parcialmente el impacto financiero que las demoras generan sobre las empresas encargadas de ejecutar proyectos de infraestructura en distintos puntos del país.
Los legisladores también hicieron referencia al contexto presupuestario que enfrenta actualmente el MOPC. Indicaron que la cartera cuenta con una disponibilidad de recursos significativamente menor a la registrada en años anteriores, situación que incide en la acumulación de compromisos pendientes con distintos sectores vinculados a la obra pública.
En este escenario, el proyecto de ley surge como una herramienta orientada a atender parte de esas obligaciones y generar condiciones para una mayor estabilidad financiera en el sector.
Finalmente, los parlamentarios adelantaron que este proceso también servirá como punto de partida para futuras mesas de trabajo entre el sector público y privado de cara a la elaboración del Presupuesto General de la Nación 2027. El objetivo será analizar mecanismos que permitan fortalecer la inversión en infraestructura, mejorar la planificación financiera de las obras públicas y garantizar condiciones que favorezcan la continuidad de proyectos estratégicos para el desarrollo del país.
