La regularización de la deuda con el sector constructor sigue siendo un punto determinante para proteger empleos y garantizar la continuidad de las obras públicas. Para Cavialpa, la señal del Gobierno es un avance, aunque requiere una implementación efectiva y en plazos que permitan evitar un deterioro mayor en la cadena productiva.
Referentes de la Cámara Vial Paraguaya participaron de espacios de análisis sobre la situación financiera que atraviesan las empresas constructoras. En estos encuentros se expusieron compromisos del Ejecutivo para encaminar el pago de la deuda durante los últimos meses del 2025 y los primeros del 2026. Si bien esta intención abre una perspectiva de ordenamiento, el sector considera indispensable que los anuncios se traduzcan en acciones concretas.
Los datos presentados indican una deuda cercana a USD 200 millones en capital y alrededor de USD 110 millones en intereses acumulados. Frente a la posibilidad de nuevos retrasos, se planteó la necesidad de mecanismos de compensación financiera que amortigüen los sobrecostos generados por el uso de créditos bancarios mientras no se produzcan los desembolsos.
Impacto sectorial
Cavialpa advierte que el cumplimiento de los pagos incide directamente en la continuidad de miles de empleos y en la ejecución de obras cuya paralización afectaría a la ciudadanía. La falta de liquidez en las empresas constructoras repercute de forma inmediata en obreros, técnicos, profesionales, proveedores y subcontratistas.
El sector insiste en que mantener los compromisos del Estado al día permite resguardar el trabajo formal y preservar la capacidad operativa de las empresas que sostienen parte esencial de la infraestructura del país.
