Gremios de la construcción conversaron con presidenciables y establecieron las prioridades de la infraestructura en el próximo Gobierno. Al respecto, expusieron que se requiere de reformas integrales para atender al sector.
Hablar de infraestructura es hablar de un factor transversal a todos los sectores económicos y sociales del país, por consiguiente, primordial para su desarrollo. Asimismo, el compromiso con su crecimiento requiere de reformas interconectadas que atiendan las necesidades de inversión, desarrollo y mantenimiento de manera integral.
Una de las reformas mencionadas fue la de pensiones, que puede liberar el ahorro de largo plazo perdido y ,a su vez, contribuiría a la formalización. En este último punto, enfatizaron en la necesidad de ofrecer a la población en general mejores condiciones para hacer negocios para fomentar la formalidad. Sin olvidar las mejoras en los servicios públicos, especialmente en cuanto a salud, educación y seguridad.
Para los gremios, la “Década de la inversión financiera” deberá ser una prioridad nacional, es decir, impulsar diez años de una inversión anual constante, abarcando un porcentaje en torno al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traduciría en USD 1.500 millones, aproximadamente. Esto vendría acompañado de una mejora sustancial en la capacidad de gestión de esos recursos y orientado por un plan de desarrollo que se enfoque en las zonas o regiones con mayor potencial de impactar en la generación de empleo y la creación de riqueza.
Del mismo modo, la infraestructura del sector eléctrico constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo productivo, por lo que se deben implementar políticas que den respuestas eficaces a las necesidades actuales.
En lo que se refiere a la generación hidroeléctrica, la capacidad instalada del Paraguay es de 8.810 MW, siendo que la mayor demanda al sistema eléctrico fue de 51 % de la capacidad instalada, por lo que se concluye que existe un importante margen disponible para generar un desarrollo sostenido.
Ante este panorama, las dificultades para dar cumplimiento a estas necesidades pasan por el financiamiento y la gestión de estas, siendo ambos aspectos de responsabilidad directa del Poder Ejecutivo.
