La situación financiera de las constructoras a cargo de obras públicas se deteriora mes a mes, con deudas que continúan en aumento. Ante este escenario, el sector empresarial vuelve a plantear la necesidad de implementar mecanismos alternativos que permitan sostener la actividad.
Durante la reunión entre representantes del sector constructivo y autoridades estatales, desarrollada el miércoles pasado, se expuso el complejo panorama que atraviesan las empresas. Los representantes de las constructoras recordaron que en los últimos años realizaron un esfuerzo significativo para mantener las obras en marcha, incluso ante retrasos en los pagos por parte del Estado, pero advirtieron que la actual coyuntura se ha vuelto insostenible.
La deuda arrastrada supera los USD 250 millones, a lo que se suman aproximadamente USD 110 millones en intereses. En este contexto, uno de los principales ejes de la reunión fue la reglamentación pendiente del mecanismo de factoring o cesión de créditos.
Esta herramienta permitiría a las empresas constructoras adelantar el cobro de sus certificados de obra a través del sistema financiero, mientras el Estado cancela esas obligaciones en un plazo mayor.
El Ing. Paul Sarubbi, presidente de Cavialpa, recordó que el pasado 11 de febrero el gremio se reunió con el ministro de Economía para avanzar en la reglamentación del instrumento y establecer un plazo de 30 días para su definición. “Ya transcurrieron 15 días y volvimos a reunirnos para revisar los avances y tratar de que en los próximos 15 días podamos finalizar este instrumento”, explicó.
La implementación efectiva del factoring es clave para “oxigenar” financieramente a las empresas en el corto plazo, ante la falta de liquidez que ya está generando paralizaciones y ralentización de obras en distintos puntos del país.
Sin una solución estructural al problema de pagos, la ejecución de proyectos de infraestructura podría verse seriamente comprometida en los próximos meses.
