El Poder Ejecutivo aprobó oficialmente el Plan Financiero correspondiente al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 mediante el Decreto N.º 5443, estableciendo las normas y procedimientos que regirán la ejecución del gasto público durante el próximo ejercicio fiscal. La medida se enmarca en la Ley N.º 7609/2025, que sancionó el presupuesto vigente.
El Plan Financiero constituye el instrumento clave para la administración de los recursos estatales, al definir la asignación de cuotas presupuestarias y la programación de caja de los Organismos y Entidades del Estado (OEE). Su objetivo es garantizar una ejecución ordenada y previsible del gasto a lo largo del año, mediante la fijación de límites que permitan compatibilizar los compromisos institucionales con la disponibilidad real de fondos.
La normativa también contempla mecanismos de ajuste en la programación de ingresos y gastos, así como la posibilidad de introducir modificaciones en función de la evolución de la recaudación y las condiciones fiscales.
En este contexto, el sector de la construcción recalcó que el PGN 2026 presenta limitaciones para atender la totalidad de las necesidades en infraestructura. El ing. Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) sostuvo a la 970 AM que los recursos previstos resultarían insuficientes para cubrir tanto las obras en ejecución como las proyectadas, debido a la falta de fondos para cumplir con los pagos comprometidos.
Como medida paliativa, se plantea la necesidad de adecuar los cronogramas de las obras al ritmo efectivo de los desembolsos, con el fin de evitar retrasos y garantizar la continuidad de los proyectos.
Asimismo, propuso avanzar en la reglamentación del factoring, que permite la cesión de derechos de cobro a entidades financieras, como mecanismo para que las empresas puedan acceder anticipadamente a los pagos pendientes, mientras el Estado asume posteriormente la obligación con el sistema financiero.
El ing. Sarubbi señaló que esta herramienta permitiría otorgar mayor liquidez al sector y contribuir a la sostenibilidad de las empresas constructoras. Pese a las dificultades, el gremio continúa acompañando los planes de inversión pública impulsados por el Gobierno, con espacios de diálogo para consensuar soluciones y asegurar la viabilidad de los proyectos de infraestructura.
