Un análisis del economista Daniel Escauriza advierte que las demoras en los pagos del Estado a sus proveedores terminan encareciendo las compras públicas y generan un costo millonario para el país.
Cuando una empresa trabaja para el Estado —ya sea una constructora, un laboratorio o una firma tecnológica— muchas veces debe esperar meses para cobrar. Mientras tanto, necesita seguir pagando salarios, materiales y otros gastos. Para cubrir ese tiempo de espera, las empresas suelen recurrir a préstamos o utilizar recursos propios, lo que genera costos financieros.
Ese gasto extra finalmente se traslada al precio que las empresas ofrecen en las licitaciones públicas. En otras palabras: el Estado termina pagando más caro porque paga tarde, explicó el economista a Forbes Paraguay.
Según el análisis, si se toma en cuenta que una parte importante de las contrataciones públicas sufre retrasos de entre 90 y 180 días, el sobrecosto anual podría llegar hasta los US$ 166 millones. Si el nivel de atrasos fuera mayor, la cifra incluso podría duplicarse.
Además del impacto económico directo, el problema tiene otras consecuencias:
- Menor participación de empresas en licitaciones públicas, especialmente pequeñas y medianas empresas.
- Menor competencia, lo que también eleva los precios.
- Problemas en la cadena de pagos y menor movimiento económico.
El estudio señala que este no es un problema exclusivo de Paraguay. Países como Italia y España enfrentaron situaciones similares y tuvieron que implementar programas especiales para cancelar deudas con proveedores y ordenar sus sistemas de pago.
En la Unión Europea, incluso existen normas que obligan al sector público a pagar en plazos máximos y establecen multas e intereses cuando los pagos se retrasan.
Como alternativa, el economista propone crear en Paraguay un sistema más transparente y organizado para registrar y negociar las deudas del Estado con proveedores. Esto permitiría que las empresas tengan mayor previsibilidad y reduciría el “costo oculto” que hoy se incorpora a las contrataciones públicas.
La conclusión es clara: mejorar la transparencia y la previsibilidad de los pagos públicos no solo beneficiaría a las empresas proveedoras, sino que también ayudaría al Estado a ahorrar recursos y hacer más eficiente el gasto público.
