El Ing. Gustavo Díaz Benza, miembro de la Comisión Directiva de Cavialpa, recordó que el grado de inversión es un logro relevante, pero su impacto será limitado si no viene acompañado de una gestión responsable del endeudamiento y del cumplimiento de los compromisos internos del Estado con sus proveedores, que son motores de la economía nacional.
La segunda calificación de grado de inversión para Paraguay es valorada como una noticia muy positiva, especialmente para el sector de la construcción, en el que desde hace varios años se impulsan mecanismos como las asociaciones público-privadas (APP) y los proyectos llave en mano para llegar a un mayor equilibrio fiscal en relación con las inversiones en infraestructura. Sin embargo, esta noticia está siendo apagada por la falta de pagos de deudas al sector.
El Ing. Gustavo Díaz Benza recordó que la situación financiera de las empresas constructoras es crítica y su deterioro tiene un impacto directo en el empleo y en la economía real; incluso, se ha empezado a ralentizar proyectos que están en ejecución. Insiste en que el grado de inversión debe traducirse en mejoras concretas en la calidad de vida de la población, y esto solo será posible si las empresas que sostienen la actividad económica están bien oxigenadas financieramente.
“El sector de la construcción emplea a más de 240.000 personas. Entonces, de manera directa e indirecta, se estima un alcance mayor al millón de paraguayos, y esas personas también necesitan poder sentir que ese grado de inversión les está sirviendo. Además, sería una buena señal al exterior que el Estado paraguayo reconozca a sus proveedores y les pague en tiempo y forma”, agregó.
Futuro incierto
Todo el sector vive una incertidumbre en torno a la falta de soluciones eficientes para resolver los atrasos, y se advierte que el problema debe encontrar una solución en el corto plazo, especialmente de cara al próximo año.
El Ing. Díaz Benza explicó que el presupuesto del 2026 para obras públicas es sumamente insuficiente, porque solo para poder ejecutar las obras en curso se necesita un estimado de USD 800 millones, sin considerar las obras nuevas de licitación. Sin embargo, el presupuesto aprobado es de USD 570 millones. “Cuando ya entrás al nuevo año con una deuda de USD 330 millones aproximadamente, la pregunta es cómo seguimos, cuál es el panorama y la solución que nos pudieran plantear”, recalcó.
Si bien existe un acercamiento con el Gobierno y un compromiso para iniciar una mesa de trabajo en la primera semana de enero, para definir instrumentos financieros que permitan sostener el ritmo de las obras en ejecución, advirtió que la ralentización de los proyectos incrementa significativamente los costos, generando desajustes financieros que no estaban contemplados en lo ofertado por cada proyecto.
Las empresas constructoras necesitan mayores desembolsos estatales en lo que queda del 2025 y una solución efectiva para el 2026.
