La situación financiera vinculada al pago de certificados de obras públicas tiende a deteriorarse, debido a las restricciones presupuestarias y fiscales que limitan la capacidad de pago del Estado. El Ing. Isacio Vallejos, integrante del consejo directivo de la Cámara Vial Paraguaya, sostuvo que el reclamo es recurrente y que el Estado no puede financiarse a costa de las empresas que están construyendo la infraestructura del país.
La perspectiva actual y futura del sector es de deterioro, ya que la disponibilidad de recursos está lejos de lo necesario para cubrir las deudas acumuladas y, aún más, para financiar las obras previstas para el año.
Los ministerios que tienen proyectos en ejecución no pueden realizar pagos si no cuentan con presupuesto. Además del límite que representa el presupuesto aprobado, existe otra restricción aplicada a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el tope fiscal a la ejecución presupuestaria.
El gremialista explicó a la 780 AM que, cuando se considera insuficiente la disponibilidad, se aplica un nuevo recorte mediante este tope fiscal, que puede reducir la capacidad de pago hasta cerca del 50% de lo previsto. A esto se suma el “plan de caja” mensual, mediante el cual se fijan desembolsos que, en muchos casos, terminan siendo incluso menores a lo necesario o a lo que previamente se había señalado como posible pago en cada mes.
En este contexto, Vallejos afirmó que los pagos parciales resultan insuficientes y que ni siquiera alcanzan para cubrir los costos financieros asumidos para sostener obras encargadas por el propio Estado. “La perspectiva no es muy buena. El déficit de pagos se arrastra desde el año pasado y nuestra visualización es que esto tiende a empeorar”, afirmó.
Consultado sobre la maniobra del Estado de ceder las deudas a los bancos vía factoring, recordó que esa propuesta aún no está reglamentada y que, por ahora, se trata solo de una idea para postergar los pagos pendientes. “Esto tampoco va a ser gratis, tendrá su costo financiero y la pregunta es quién va a asumir esos costos”, expresó.
Esta situación impacta directamente en miles de trabajadores y en la continuidad de los proyectos que el propio Estado programa y ejecuta. Desde el sector remarcan que no están solicitando subsidios ni beneficios extraordinarios, sino el pago correspondiente por servicios y materiales ya provistos en las obras.
Finalmente, detalló que, en algunos casos, existe mayor sensibilidad para priorizar pagos en obras que aún están en ejecución. Sin embargo, cuando los proyectos concluyen, suelen salir del radar de urgencia y las deudas quedan acumulándose, generando montos cada vez mayores. Esto obliga a muchas empresas a refinanciar sus compromisos financieros y está afectando a un número creciente de compañías del sector.
Actualmente, el sector presentó un comunicado conjunto, con el respaldo de 117 empresas y actores vinculados a la cadena de la construcción, no solo constructoras. Entre los firmantes también figuran consultoras, proveedores de equipos, proveedores de materiales y compañías aseguradoras.
